Los Diputados de CHA acusan al Gobierno de Aragón de oscurantismo e irregularidades en la política de personal de los organismos públicos

A través de ocho preguntas orales en el Pleno de las Cortes de Aragón a cinco Consejeros del Gobierno PSOE-PAR, el Grupo Parlamentario CHA ha acusado al Gobierno de Aragón de "infringir la legislación" por no dar la información del personal que nombran a dedo para las entidades de derecho público dependientes del Gobierno de Aragón.

Cinco Consejeros del Gobierno de Aragón se han visto obligados a responder hoy en la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes de Aragón a ocho preguntas formuladas por Diputados de CHA (Ángel Sánchez, Yolanda Echeverría, Chesús Bernal, Nieves Ibeas y Pedro Lobera), relativas todas ellas a la falta de información sobre el personal de ocho entidades de derecho público de la administración autonómica. Los interpelados han sido el vicepresidente, José Angel Biel, y los consejeros de Salud, Luisa María Noeno; Medio Ambiente, Alfredo Boné; Ciencia, Tecnología y Universidad, Angela Abós, e Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga. Las entidades cuestionadas son, concretamente, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el Instituto Aragonés del Agua, la entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, el Instituto Tecnológico de Aragón y el Instituto Aragonés de Fomento.

La argumentación era idéntica en los ochos casos: CHA presentó en febrero de 2006 solicitud para que se le proporcionara la relación del personal, tanto fijo como temporal, de estas entidades, con nombre y apellidos, modalidad del contrato laboral, fecha de incorporación, forma de selección y retribución bruta anual. La información no fue remitida en los veinte días que establece el Reglamento de las Cortes y, ante la demora, CHA ha formulado ya cinco quejas a la Mesa de las Cortes (a finales de marzo, de abril, de mayo, de septiembre y de octubre). Este oscurantismo, para los diputados de CHA, se debe a que hay algo que ocultar respecto a la "filiación familiar o afiliación política" de algunas de estas personas, y a que el Gobierno quiere alejar a estas entidades del control de las Cortes o a que pretende convertirlas en "feudos donde haya cancha para colocar a más gente", según el diputado Ángel Sánchez Monzón.

A pesar de ello, Noeno, Abós y Boné calcaron sus respuestas al asegurar que estos datos no se pueden proporcionar porque colisionarían con el derecho a la intimidad y con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Únicamente se comprometieron, según dijeron, a proporcionar la relación de puestos de trabajo si CHA vuelve a formular su solicitud. El vicepresidente Biel, por su parte, indicó que en este caso prima el derecho de las personas, con nombres y apellidos, sobre el Reglamento de las Cortes, pero la diputada Nieves Ibeas replicó que en otros parlamentos autonómicos, tras consultar el parecer de la Agencia Nacional de Protección de Datos, se ha determinado que prevalece el derecho a la información de los diputados sobre la privacidad de esos datos.

Biel protagonizó el debate más agrio con el portavoz de CHA, Chesús Bernal, quien consideró que en este caso todos los consejeros han actuado igual en función de "una directriz" que les dio el propio Biel para que no contestaran a estos requerimientos porque, aseguró, "hay organismos en los que hay problemas". "El padre de esta falta de transparencia" es el vicepresidente del Gobierno, agregó Bernal, quien dijo que determinadas "vinculaciones políticas" de algunas de estas personas pueden ser el motivo por el que se oculta su identidad. Biel respondió, enojado, que Bernal "no tiene ni idea" de "quién da instrucciones" en el Gobierno y añadió que la batería de preguntas de CHA sobre el mismo asunto no es más que "una estrategia para montar el numerito".

En estas entidades, dijo por su parte la diputada Yolanda Echeverría, prima el oscurantismo. Echeverría ha denunciado que estos institutos se asemejan a los “servicios secretos”. La diputada se ha referido a una comparecencia de Boné en las Cortes del pasado mes de marzo, a petición de CHA, para informar acerca de la previsión, por el sistema de libre designación, de varios puestos de trabajo en el INAGA. Para Yolanda Echeverría, “la información no trasciende porque ustedes tienen algo que ocultar. El INAGA recibe dinero de los Presupuestos de Aragón y eso debería exigir información y claridad”. Cuando se eligió el personal “a dedo” no salió en el Boletín Oficial de Aragón y nos parece lógico que existan puestos de confianza, pero en ese caso estábamos hablando de puestos de nivel 25 y 26, que tal y como dice la legislación tiene que salir por sistema de concurso y publicarse en el BOA.

Por último, Echeverría ha acusado al Gobierno aragonés de estar “generando grandes dudas acerca de si se estará practicando, si son funcionarios, los principios básicos de contratación por capacidad, méritos e igualdad; o si, por el contrario, se estará huyendo del control de la función pública. Ustedes tienen que informar y a eso se le llama interés general”, ha añadido con rotundidad.